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Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones: exposición de las (escasas) novedades relativas a los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas y al régimen de las obligaciones de servicio universal.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las tarifas cero de acceso a internet suponen un tratamiento discriminatorio del tráfico que circula por la red contrario al artículo 3.3 del Reglamento (UE) 2015/2120.
El Tribunal Supremo ha declarado que la negativa de los operadores de telecomunicaciones a entregar por escrito y con carácter previo las condiciones generales de la contratación telefónica constituye una infracción de consumo (¿pero sólo de los operadores de telecomunicaciones?)
Ampliación de la duración de las concesiones demaniales: el Real Decreto Ley 7/2021 permite la adjudicación de licencias de uso de espectro radioeléctrico por un plazo mínimo de veinte años prorrogables hasta un máximo de cuarenta
El Gobierno español aprueba el Plan para la Conectividad de las Infraestructuras Digitales, la sociedad, la economía y los territorios y la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G.
El Real Decreto Ley 19/2020 reactiva la portabilidad en los servicios de telecomunicaciones y obliga a los operadores a fraccionar y aplazar el pago de las facturas impagadas durante el estado de alarma a todos los clientes que lo soliciten.
Se exponen las consecuencias de la declaración del estado de alarma sobre el sector de las telecomunicaciones (RDL 8/2020, de 17 de marzo, y RD 463/2020, de 14 de marzo).
Se ponen de manifiesto las carencias legales detectadas en las normas (sancionadoras) que prohíben la interrupción de suministros y servicios esenciales en el estado de alarma.
Se analizan las principales novedades del Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Se analiza la STJUE de 5 de septiembre del 2019, asunto C-417/18, que se pronuncia sobre una demanda de responsabilidad patrimonial contra Lituania por la incorrecta regulación del servicio de llamadas de emergencia al 112.
Las cantidades que las entidades del sector de las telecomunicaciones perciben de los clientes que deciden no cumplir los periodos de permanencia estipulados en los contratos pueden considerarse retribuciones por prestación de servicios.