El Tribunal de Justicia ha publicado, en el DOUE de 8 de noviembre de 2019, una nueva actualización de las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales.
El TJUE ha declarado que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información por lo que, en los términos previstos en la Directiva de comercio electrónico, los particulares pueden oponerse a medidas restrictivas de los Estados que no hayan sido notificadas previamente.
El TJUE ha pasado a conocer del procedimiento por incumplimiento contra España por los requisitos introducidos en el 2015 para reclamar responsabilidad al Estado legislador por daños derivados de leyes contrarias al Derecho de la Unión.