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Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo revisa —de forma, a nuestro juicio, cuestionable— su doctrina anterior sobre la posibilidad de que la Administración declare la caducidad de un procedimiento sancionador estando en curso un proceso judicial contra la resolución sancionadora
La doctrina del Tribunal Supremo sobre la adecuación de nuestro sistema de recursos al derecho a la doble instancia ―reconocido por la sentencia Saquetti del Tribunal Europeo de Derechos Humanos― ha supuesto introducir un nuevo criterio de interés casacional objetivo invocable en la admisión del recurso de casación.
El Tribunal Supremo ha reiterado —y el legislador ha confirmado— que, en caso de concurrencia de causas de extinción del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, debe aplicarse la prioritaria en el tiempo.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance del término «fuerza mayor» de la legislación de contratos del sector público —susceptible de dar lugar al restablecimiento económico de los contratos administrativos—, en relación con los fenómenos naturales catastróficos
El Tribunal Supremo declara que la acción ejercitada por el titular de aprovechamiento de aguas privadas anteriores a la Ley de Aguas de 1985 es declarativa, y resulta, por ello, imprescriptible mientras se mantenga la titularidad del derecho
El TS ha declarado que si bien en principio, cuando hay una vía específica para obtener la reparación de un daño no procede acudir a la reclamación de la responsabilidad patrimonial, si cabe acudir a ella, excepcionalmente, cuando la vía específica no resulte viable
Juicio crítico de la Sentencia del Tribunal Supremo que declara que las consecuencias de la declaración de nulidad de un contrato del sector público por la vía de la revisión de oficio pueden sustanciarse por la vía de la responsabilidad patrimonial.
El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 3 de noviembre de 2021 ha unificado criterios sobre una serie de cuestiones problemáticas que planteaba el recurso de casación contencioso-administrativo
Se veía venir y es previsible que sea confirmado por el Tribunal de Justicia: los requisitos procesales para reclamar responsabilidad al Estado legislador por los daños ocasionados como consecuencia de leyes declaradas contrarias al Derecho de la Unión infringen el principio de efectividad.
El Tribunal Supremo ha interpretado de forma extensiva los supuestos en los que, conforme al Texto Refundido de la Ley de Puertos, la Autoridad Portuaria debe convocar un concurso para otorgar concesiones de dársenas e instalaciones náutico-deportivas.
El TS se ha pronunciado, en Sentencia de 22 de enero del 2021, sobre si el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa requiere que en el incidente de medidas cautelares se dé audiencia a los codemandados de la Administración.
En dos sentencias recientes, el Tribunal Supremo ha sentado doctrina sobre cuestiones atinentes al cómputo de los plazos para que tenga lugar la caducidad de los procedimientos sancionadores o de gravamen y al reinicio del plazo de prescripción de la infracción por paralización del procedimiento
Según ha declarado la STS 668/2021, la transmisión de una licencia de taxi pública objeto de embargo mediante subasta pública en un procedimiento de ejecución forzosa, no requiere autorización administrativa ni que el adjudicatario cumpla las condiciones legales para ser cesionario
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el nuevo recurso de casación introducido por el Real Decreto Ley 8/2021 al resolver el recurso formulado por el Gobierno de Canarias contra el auto judicial que denegó determinadas medidas restrictivas para luchar contra la pandemia.
Los bonos convertibles en acciones del Banco Popular llegan al Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha sentado doctrina sobre los requisitos que deben concurrir para que los Juzgados puedan autorizar la entrada de la inspección tributaria en la sede social de una empresa, limitando la posibilidad de que se hagan sin previo aviso.
Se da noticia de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sentado doctrina sobre la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores o, en general, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para los administrados.
Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo parecen poner en entredicho el derecho a ser informado de la acusación en el ámbito sancionador administrativo, tal como lo reconoce el art. 90.2 de la LPAC y lo ha interpretado el TC.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una resolución sancionadora por la intervención tan intensa que había tenido en su tramitación la empresa pública TRAGSATEC actuando como medio propio de la Administración.
El Tribunal Supremo ha sentado una novedosa e importante doctrina conforme a la cual la Administración no puede dictar providencia de apremio cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa sin antes resolverlo de forma expresa.
El Tribunal Supremo ha anulado los preceptos que prohibían la transmisión de las autorizaciones VTC en un plazo de dos años y que exigían la comunicación telemática de datos.
A perpetual family charter covenant restricting the transferability of company shares is invalid, allowing for unilateral cancelation of or deviation from charter provisions once the main purpose they were intended for has been satisfied.
Es inválido un pacto perpetuo de limitación a la transmisibilidad de acciones o participaciones sociales contenido en un protocolo familiar, siendo posible la denuncia o apartamiento unilateral de lo previsto en el protocolo, una vez satisfecha la finalidad principal a que respondía el mismo.
Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado que el plazo para el ejercicio de la acción pública urbanística que prevé el artículo 62.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana es diferente, en el caso de licencias ilegales, según se haya tenido o no conocimiento de la licencia.
Según la doctrina fijada por el TS sobre la interpretación del art. 54.6 de la Ley 42/2007, cuando se trata de una especie de fauna silvestre declarada protegida no es necesaria una previsión normativa expresa para que la Administración responda de los daños que ocasione.
El Tribunal Supremo ha negado que exista responsabilidad del Estado legislador por no haber consignado en las leyes de presupuestos las partidas necesarias para hacer efectivos los mecanismos de compensación previstos en la Ley 43/2010.
El Tribunal Supremo acaba de declarar que supera la exigencia de transparencia material una cláusula de fijación del tipo de interés, que indudablemente era más prolija y técnica que cualquiera de las formulaciones de las cláusulas suelo que han sido anuladas por los tribunales.
El Tribunal Supremo ha interpretado que, para aplicar la multa prevista en el artículo 63.2 LDC, basta con la intervención ―aunque no sea relevante― de los directivos o representantes de las empresas infractoras en la conducta anticompetitiva.